Democratizar la Justicia no significa politizarla.
Los tres poderes de un Estado republicano son diferentes, funcionan de manera diferente y tienen un rol y fin diferentes. No hay puntos de comparación que permitan situarlos en paridad de condiciones o construir analogías entre uno y otro.
El Poder Judicial de una Nación, en este caso de la nuestra, lejos está de ser una corporación como se ha señalado desde algunos sectores; se trata de un poder del Estado, nada más, nada menos. Y, en todo caso, digamos que ningún poder del Estado puede escapar de intentos corporativistas, pues el poder en sí resulta complejo. De lo contrario bueno sería releer a Michel Foucault.
Esto es tiene una trascendencia fundamental pues el uso indiscriminado y en cualquier contexto de ciertos términos puede realmente llevar a confusiones imperdonables y peligrosas.
Digamos que más que democratizar, porque de eso se trata ¿qué cosas serán las que espera la gente de la Justicia? ¿Qué expectativas tiene y qué imagina que este Poder del Estado debe brindar a las personas?
Seguramente a la gente, al ciudadano común, no le importa si existen dos cámaras de casación penal, o si la administración y disposición del presupuesto del Poder Judicial lo va llevar el mismo o el Consejo de la Magistratura, o si este último tiene 13 ó 26 miembros… o incluso, si las cautelares pueden tornarse indefinidas hasta el dictado de la sentencia o si solamente tendrán que durar seis meses como máximo cuando sean contra el Estado porque este es un ente que no puede quebrar y siempre será solvente (pese a que demore años en pagar las sentencias en su contra).
No señor, mientras unos cuántos políticos arrecian contra la Constitución Nacional a como de lugar, y otros tantos o menos intentan frenar este embate feroz, allá afuera, fuera de las puertas del Congreso, fuera de las escaleras de los tribunales, más allá de los ventanales de lujosos departamentos en Puerto Madero o de blancas arenas y sol dorado de lugares paradisíacos a los que nunca podrán acceder, hay justiciables que esperan nada más y nada menos que gozar de una administración de justicia acorde, recta, verdaderamente independiente y con niveles suficientes de equidad.
Sinceramente no importa si son juzgados por una corte, un tribunal, un juez hombre o mujer o un puñado de ciudadanos conformando un jurado, con tal que lo hagan y lo hagan bien, gane quien gane y pierda quien pierda.
A la gente, señores gobernantes, les interesan cuestiones más sencillas y directas, como tener una Justicia rápida y eficiente, no esperar cinco, seis, siete años para obtener una sentencia del tenor que fuere; o no tener que ver a diario como el ladrón de gallinas se pasa varios años en la cárcel y el delincuente de guante blanco consigue una excarcelación antes de haber puesto un pie siquiera en una celda; o espera que un violador cumpla la totalidad de su condena y que no salga a reincidir en dos años porque tiene buena conducta –aquella que nunca tuvo cuando vivía en libertad-; que aquél que tiene dinero para pagar un abogado sea tan igual ante la ley que el miserable que no lo tiene porque frecuentemente este último es el que pasa muchos años en la cárcel y el primero solo conoce las rejas porque las vio en la tv; que el Estado no porque sea Estado obstaculice el pago de las sentencias legítimamente ganadas y firmes, o que pague con bonos; o que sea capaz de pagar en negro el sueldo a casi todos sus empleados sin recibir jamás reproche legal por ello y encima perseguir a cualquiera –sobre todo a los de menor capacidad contributiva- para que jamás tengan personal sin registrar ni remuneración sin declarar ni impuesto sin abonar por más que fábricas y pymes enteras quiebren dejando un tendal de familias en la calle.
A la gente, a usted, a su vecino, a su compañero, a su familiar y a cualquiera que sea un decente trabajador de este país, le importa que el acceso a la justicia sea efectivo y que no se diluya en una expresión de deseos constitucionalmente declamada que jamás ningún gobernante ha podido materializar en la práctica en su verdadera dimensión. Que el pobre, el miserable, el humilde, el excluido, pueda litigar en tribunales como cualquier persona, sin tener que hacer interminables colas en una defensoría que limitadamente atienda sus problemas sin resolver nunca jamás nada, ya sea porque falta presupuesto, personal o lo que sea que falte, porque de algo siempre se carece en el Estado a la hora de compadecerse de las necesidades de los que nada tienen.
Y eso sí, eso sí, será una Justicia democrática, sin vanos y oportunistas intentos de modificar o violentar la carta magna, bajo pueriles excusas de inclusión, diversidad y pueblo, pero encubriendo el único fin al que todos deberíamos combatir sin bandería alguna: perpetuarse en el poder y no responder jamás por sus actos pasados, presentes ni futuros. Eso, señores, no es democratizar, eso se llama impunidad y quienes intentan disfrazarla bajo otro ropaje son aquellos que pretenden hacer uso y goce de ella de por vida.
Porque si hay algo que le interesa a la gente es que la Justicia sea verdadera Justicia. Y para ello no es necesario calificarla como más o menos democrática, porque en ese sentido existen los otros poderes que sí son bien políticos. Para que haya verdadera Justicia basta con respetar tan solo y a rajatabla unos cuantos articulitos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que realmente hace mucho, se ve, están escritos dentro de un libro muy corto pero demasiado difícil de asimilar.